La Corte Suprema rechazó la demanda de nulidad de derecho público interpuesta por la Municipalidad de Huechuraba contra la resolución de calificación ambiental que calificó favorablemente el proyecto "acceso nororiente" en el cual se expropio parte de los terrenos del Parque Metropolitano para el paso de una autopista concesionada. En opinión de la Corte dicho bien es fiscal, y no nacional de uso público, de modo que su administración correspondía al Serviu y no al municipio. La Corte sostuvo, además, que las municipalidades son órganos de colaboración en la protección del medio ambiente y no se encuentran legitimados para interponer una acción de nulidad de derecho público contra una calificación ambiental favorable.

A su vez la Corte resolvió un de los últimos casos asociados a la crisis bancaria de los ochenta, mediante la cual se resolvió -después de más de treinta años- que se podía configurar el antiguo delito del art. 26  bis de la Ley de Bancos, por medio del cual se sancionaba a los directores, gerentes, funcionarios, empleados o auditores externos de instituciones financieras que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización que corresponde ejercitar a la Superintendencia de Bancos. En opinión de la Corte tal delito no requería la falsificación de los antecedentes, sino que bastaban conductas que tuvieran por propósito desfigurar los datos contenidos en los balances y demás documentos del banco, así como ocultar su verdadero estado financiero, y que estuvieran motivados por la necesidad de dificultar, desviar o eludir la fiscalización de la Superintendencia de Bancos para persistir en actuaciones que privilegiaban intereses personales, o al menos para evitar que fueran descubiertas.

La Corte afirmó en un caso de acción de precario, que la tenencia de la cosa ajena, para que no se entienda precario, debe al menos sustentarse en un título al que la ley le reconozca la virtud de justificarla. De este modo, el título que justifica la tenencia no necesariamente deberá provenir del propietario, sino que lo relevante radicará en que el derecho que emana del referido título o contrato, y que legitima esa tenencia de la cosa, pueda ejercerse respecto del propietario, sea porque él o sus antecesores contrajeron la obligación de respetarla -si el derecho del tenedor u ocupante es de naturaleza personal- o porque puede ejercerse sin respecto a determinada persona, si se trata de un derecho real.

La Corte indicó, en un caso de responsabilidad del Estado por falta de servicio, que no existía un titulo de imputación contra el municipio que otorgaba certificado de número a personas que ocupaban ilegalmente una propiedad, toda vez que el origen del daño era dicha ocupación y no la intervención municipal.

En el caso de un amparo económico, la Corte a vuelta a su tradicional doctrina de que esta es acción es sólo procedente en el caso de infracciones a la cláusula constitucional de Estado empresario. Esta doctrina de la tercera sala  es distinta a la sostenida en los dos últimos años en donde la acepto para toda la garantía del artículo 19 Nº 21 de la Constitución, siendo una clara manifestación de los efectos que tendrá la nueva integración de la precitada sala.